La Justicia de San Luis se autoimpone privilegios al estilo “San Perón”
El Superior Tribunal trasladó un feriado para que los tribunales tengan la prerrogativa de contar con un fin de semana largo más con relación al resto.
Los jueces Eduardo Allende, Carolina Monte Riso, Jorge Levingston, José L’Huillier y Cecilia Chada firmaron el acuerdo N° 151-STJSL-SA-2024 a través del cual declararon feriado judicial el 30 de agosto.
La medida fue dispuesta por el Día del Abogado que en realidad se celebra el 29 de agosto y este año es jueves. El argumento fue el pedido de uno de los colegios de profesionales.
Hace varios años que el Superior Tribunal de Justicia mueve los feriados para que el sistema tenga un fin de semana largo extra.
Haciendo uso de sus facultades se autoimponen un privilegio.
Se ha llegado a correr fechas celebratorias que cayeron sábados o domingos a un día hábil.
La declaración de estos feriados o asuetos no pueden dejar de asociarse a una cultura que imperó en la provincia, que ahora ya forma parte del pasado.
El ex gobernador Alberto Rodríguez Saá cada vez que su fuerza política ganaba una elección decretaba, desde los balcones partidarios porque se sentía “todopoderoso”, que el lunes siguiente era “San Perón”. Cerraba la Casa de Gobierno y paralizaba la administración pública, en definitiva ese día no funcionaba el Estado porque el Ejecutivo extendía los festejos y los otros poderes se relajaban.
Sostienen una “tradición” como una casta.
Acuerdo N° 151.
La Justicia se da un lujo en medio del desprestigio social que ignora con disposiciones de esta índole.
La Justicia se sigue resistiendo a los cambios para atender las demandas de las crisis y estar a la altura de las transformaciones. No hay predisposición a debatir la eliminación de la feria y se cuestionan medidas como la Ley de Reiterancia para poner freno a la puerta giratoria para los delincuentes.
Tampoco hay señales para abordar en serio la mora, una de las cuentas pendientes del sistema judicial que no suma propuestas para atacar los problemas estructurales.
Las iniciativas que aportan otros sectores son desechadas.
Quienes administran el servicio de justicia están aferrados a un “status quo” que tiene consecuencias cada vez más graves.
A contramano de la sociedad.